CIUDADES EN TRANSICION

Sería ingenuo negar que la imagen bucólica y parroquial de la Tunja del siglo XX cambió radicalmente. A la par que se satura dramáticamente su desdibujado centro histórico, la ciudad de hoy se expande en extensión y altura ocupando el precariamente urbanizado perímetro de servicios públicos. 

En diez años la población se incrementó en cerca de cuarenta mil nuevos habitantes sin contar otros veinte mil de población flotante. En el periodo se han construido por lo menos setecientos mil metros cuadrados de los cuales el 88 % se destinaron a vivienda. El comercio de grandes superficies se instaló en la ciudad atendiendo una demanda efectiva en expansión, modificando radicalmente el tradicional comercio al detal y abriendo nuevas posibilidades al consumo de los hogares.

Sin embargo, la producción de infraestructuras no ha crecido al ritmo de la población y la demanda de espacio. La congestión del desastroso tráfico vehicular incluso en áreas de reciente desarrollo y  los eventos de colapso del arcaico alcantarillado urbano entre otras situaciones, reflejan el rezago de la ciudad para sostener la creciente demanda de suelo con destino a la edificación de vivienda y otras actividades.

En estas condiciones, la controversia que surge entre promotores inmobiliarios y autoridades locales, más que un problema normativo tiene que ver con un problema de colisión entre limitaciones e intereses:

Por un lado, la actitud preventiva de la administración local que desprovista de políticas y reglamentaciones claras para regular el aprovechamiento máximo del suelo en función de criterios de densidad y oferta de infraestructura, no tiene más opción que invocar la negación de proyectos por incapacidad de proveer en el corto plazo la dotación de servicios y para prevenir temporalmente la agudización de los múltiples conflictos viales.

Por el otro, la pretensión de inversionistas privados estimulados por la oportunidad legítima de aprovechar el ciclo expansivo del mercado inmobiliario en la ciudad. Mercado altamente rentable en tanto atiende segmentos crecientes de demanda relativa de ingresos medio y medio-altos, pero que adicionalmente favorece la especulación con el suelo urbano y estimula como no, la circulación de capitales independientes de las formas legales de financiación que aprovechan las condiciones de desregulación casi plenas derivadas de la débil institucionalidad para la planificación y  el control urbanos.

En estas condiciones, el problema radica en encontrar una estrategia de gestión del desarrollo urbano que concilie los ritmos de la demanda de suelo con la capacidad pública para la producción de infraestructuras. Lo cual requiere sin duda,  una política de desarrollo urbano consistente con el ritmo de la demanda de suelo y por otro lado, mecanismos de gestión y financiación acudiendo a los instrumentos de la Ley 388 de 1997. Políticas que hoy son inexistentes en el anacrónico y bisoño plan de ordenamiento territorial, y ausencia de autoridad y decisión para emplear instrumentos de gestión que permitan financiar la construcción de infraestructuras.

La ciudad debería haber entendido de su reciente experiencia, el costo social y financiero que  implica acudir a onerosos empréstitos comprometidos sin criterio, ni racionalidad, ni transparencia, ni prioridad.

Ahora bien, si la discusión es estética, me declaro  enemigo total del estilo miami-panameño  que inunda el perfil urbano de la ciudad. Estilo que por desgracia, replican nuevas generaciones de proyectistas al servicio de necesidades comerciales de los promotores inmobiliarios. Promotores que saben, que la mejor forma de garantizar el éxito de ventas de sus proyectos, reside en complacer el esnobismo de grupos emergentes de población que han incrementado su capacidad de ingreso ahora incorporados a la economía de la ciudad.

Atractivos que propician estilos de vida afirmados en la ostentación y la exuberancia: jacuzzis, panorámicos, piscinas, gimnasios, etc, que se identifican con las imágenes del excéntrico estilo de vida y las extravagancias propias de “nuevos ricos” que dominan la neo-cultura colombiana.

En últimas, es cuestión de asimilar la transición de una ciudad pequeña a una amorfa urbe que altera no solo su economía sino también su cultura e imaginarios sociales. Y eso es  lo que algunos pretenden llamar progreso. Qué le vamos a hacer.