Sería ingenuo negar que la imagen
bucólica y parroquial de la Tunja del siglo XX cambió radicalmente. A la par
que se satura dramáticamente su desdibujado centro histórico, la ciudad de hoy
se expande en extensión y altura ocupando el precariamente urbanizado perímetro
de servicios públicos.
En diez años la población se
incrementó en cerca de cuarenta mil nuevos habitantes sin contar otros veinte
mil de población flotante. En el periodo se han construido por lo menos
setecientos mil metros cuadrados de los cuales el 88 % se destinaron a
vivienda. El comercio de grandes superficies se instaló en la ciudad atendiendo
una demanda efectiva en expansión, modificando radicalmente el tradicional
comercio al detal y abriendo nuevas posibilidades al consumo de los hogares.
Sin embargo, la producción de
infraestructuras no ha crecido al ritmo de la población y la demanda de espacio.
La congestión del desastroso tráfico vehicular incluso en áreas de reciente
desarrollo y los eventos de colapso del
arcaico alcantarillado urbano entre otras situaciones, reflejan el rezago de la
ciudad para sostener la creciente demanda de suelo con destino a la edificación
de vivienda y otras actividades.
En estas condiciones, la
controversia que surge entre promotores inmobiliarios y autoridades locales,
más que un problema normativo tiene que ver con un problema de colisión entre
limitaciones e intereses:
Por un lado, la actitud
preventiva de la administración local que desprovista de políticas y
reglamentaciones claras para regular el aprovechamiento máximo del suelo en
función de criterios de densidad y oferta de infraestructura, no tiene más
opción que invocar la negación de proyectos por incapacidad de proveer en el
corto plazo la dotación de servicios y para prevenir temporalmente la
agudización de los múltiples conflictos viales.
Por el otro, la pretensión de inversionistas privados estimulados por la oportunidad legítima de aprovechar el ciclo expansivo del mercado inmobiliario en la ciudad. Mercado altamente rentable en tanto atiende segmentos crecientes de demanda relativa de ingresos medio y medio-altos, pero que adicionalmente favorece la especulación con el suelo urbano y estimula como no, la circulación de capitales independientes de las formas legales de financiación que aprovechan las condiciones de desregulación casi plenas derivadas de la débil institucionalidad para la planificación y el control urbanos.
En estas condiciones, el problema
radica en encontrar una estrategia de gestión del desarrollo urbano que
concilie los ritmos de la demanda de suelo con la capacidad pública para la
producción de infraestructuras. Lo cual requiere sin duda, una política de desarrollo urbano consistente
con el ritmo de la demanda de suelo y por otro lado, mecanismos de gestión y
financiación acudiendo a los instrumentos de la Ley 388 de 1997. Políticas que
hoy son inexistentes en el anacrónico y bisoño plan de ordenamiento
territorial, y ausencia de autoridad y decisión para emplear instrumentos de
gestión que permitan financiar la construcción de infraestructuras.
La ciudad debería haber entendido
de su reciente experiencia, el costo social y financiero que implica acudir a onerosos empréstitos
comprometidos sin criterio, ni racionalidad, ni transparencia, ni prioridad.
Ahora bien, si la discusión es estética, me declaro enemigo total del estilo miami-panameño que inunda el perfil urbano de la ciudad. Estilo que por desgracia, replican nuevas generaciones de proyectistas al servicio de necesidades comerciales de los promotores inmobiliarios. Promotores que saben, que la mejor forma de garantizar el éxito de ventas de sus proyectos, reside en complacer el esnobismo de grupos emergentes de población que han incrementado su capacidad de ingreso ahora incorporados a la economía de la ciudad.
Atractivos que propician estilos
de vida afirmados en la ostentación y la exuberancia: jacuzzis, panorámicos,
piscinas, gimnasios, etc, que se identifican con las imágenes del excéntrico
estilo de vida y las extravagancias propias de “nuevos ricos” que dominan la
neo-cultura colombiana.
En últimas, es cuestión de
asimilar la transición de una ciudad pequeña a una amorfa urbe que altera no
solo su economía sino también su cultura e imaginarios sociales. Y eso
es lo que algunos pretenden llamar
progreso. Qué le vamos a hacer.
